El posicionamiento oficial, publicado el 5 de abril de 2026, sostiene que el informe internacional se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, lo que —a juicio de las autoridades capitalinas— impide una evaluación precisa del contexto actual. En este sentido, el gobierno local advierte que no se reconoce la evolución de la política pública en seguridad y atención a víctimas impulsada en los últimos años.
De acuerdo con el documento, resulta “grave” que el Comité no haya considerado la evidencia proporcionada por el Estado mexicano, lo que derivaría en conclusiones “cuestionables”. Además, se critica que el informe no distinga adecuadamente entre desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y aquellas perpetradas por particulares o grupos del crimen organizado.
El Gobierno capitalino enfatiza que, a diferencia de periodos anteriores, actualmente no existe una política de represión estatal. En contraste, asegura que se ha implementado un enfoque integral para combatir la desaparición de personas, centrado en la búsqueda, la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional.
En el recuento histórico, se señala que durante administraciones del llamado “antiguo régimen” se documentaron prácticas sistemáticas de desaparición forzada. Asimismo, se menciona que el propio informe reconoce el incremento de estos delitos en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, caracterizada por la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
El posicionamiento también destaca acciones emprendidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la creación de comisiones estatales de búsqueda, el establecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, el incremento presupuestal en la materia y la implementación de protocolos homologados, según datos del Gobierno de México.
En la actual administración federal, encabezada por Sheinbaum, se subrayan reformas como la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización, además del fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ha establecido un gabinete permanente para atender la problemática, así como un Centro de Atención Integral que articula a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda. También destaca la creación de un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y el incremento del presupuesto destinado a la búsqueda.
Finalmente, la administración capitalina expresó su respaldo a la política federal en la materia y rechazó lo que calificó como “narrativas infundadas” sobre una supuesta colusión entre autoridades y crimen organizado. Asimismo, cuestionó el uso político del informe y reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas, a quienes reconoció como el eje central de la política pública.
